El volumen y la importante carga salina del agua que vierte el pozo de bombeo de la Línea 7B de Metro a la red de alcantarillado de San Fernando de Henares altera el normal funcionamiento de la depuradora de CasaQuemada y daña la superficie verde regada con ella.
Esta actividad “no se ajusta a normativa y altera el normal funcionamiento” de la depuradora de CasaQuemada, tal como recoge el Canal de Isabel II en un informe que ha remitido al Ayuntamiento de la localidad. En el mismo, el Canal solicita al Consistorio que sea él quien lo notifique a la mencionada Consejería y así se coordinen las actuaciones oportunas para poner fin a estos vertidos. Algo que sorprende al Consistorio de San Fernando de Henares, dado que el Canal es una empresa pública dependiente únicamente de la Comunidad de Madrid.
Ante esta situación, el equipo de Gobierno denuncia esta “total y absoluta falta de comunicación interna”, que califican de “indignante” y “vergonzosa” y que ha generado” un perjuicio más a nuestro municipio, poniendo en evidencia la pésima gestión de la Comunidad de Madrid en la grave problemática creada por el suburbano en San Fernando de Henares”.
En este sentido, el Ayuntamiento ya mostró su preocupación sobre este asunto en una reunión de coordinación técnica entre administraciones en septiembre de 2022. En este encuentro, los técnicos de la Concejalía de Urbanismo informaron a la Consejería de Transportes e Infraestructuras sobre una anomalía detectada en el agua regenerada suministrada por el Canal de Isabel II para regar parques y jardines, que motivó que se secara el 50% de la superficie verde de la ciudad.
Es más, el Consistorio hizo una evaluación de estos daños, que se valoraron en 400.000 euros y, en diciembre de 2022, presentó la correspondiente reclamación patrimonial al Canal, que sigue sin dar respuesta al respecto.
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También se alcanzaron, en esta reunión, otros acuerdos relativos a la situación de los colectores y de la carga salina de las aguas y el Canal de Isabel II, incluso, se advirtió entonces sobre esta situación. Finalizada la misma, la Consejería de Transportes e Infraestructuras, sin embargo, se negó a firmar el acta.
15 años de problemática de la línea 7B
Son más de 15 años soportando las graves consecuencias de esta infraestructura, cuya única administración responsable y competente es la Comunidad de Madrid y que deja, a su paso, 600 viviendas con afecciones, de las cuales, 41 han sido demolidas o están en fase de derribo y otras 13 en previsión, y más de 80 familias desalojadas, que se traduce en 217 personas fuera de sus casas.
El alcalde, Javier Corpa, sigue exigiendo la aplicación del Plan Integral aprobado en sede parlamentaria en 2021 y una Ley Autonómica que aporte garantías a los afectados hasta el cobro de unas “dignas y justas” indemnizaciones.